¿Puedo instalar cámaras en los vehículos de mi empresa?

Imagen de un coche repleto de cámaras
Con frecuencia, las empresas a las que asesoramos en materia de protección de datos nos cuestionan si pueden instalar cámaras que graben el exterior y, en ocasiones, el interior del vehículo, con el fin de observar si un posible accidente o multa ha sido responsabilidad o no de su empleado.

Lo primero a tener claro para poder dar una solución a la cuestión de las cámaras on board es el concepto de datos personales.

Según la definición aportada por el RGPD, se consideran datos personales toda la información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;

¿Sé consideran las matrículas un dato personal? Esto ha sido una cuestión en la que la AEPD ha variado su criterio. Actualmente, podemos entender a raiz de los informes de la AEPD que las matrículas  se consideran dato personal por la AEPD , criterio que comparto como Delegado de Protección de Datos, por ser un dato que nos permite identificar a una persona. ¿Quién no ha sido capaz de identificar entre el tráfico el coche de algún conocido por su matrícula?

Captación de imágenes hacia el exterior del vehículo

Por lo general, las empresas se plantean la instalación de este tipo de cámaras, que van enfocadas a la carretera y que secuencialmente toman instantáneas y graban los incidentes.

Mediante esta actividad de tratamiento, estaremos captando datos personales, tanto la propia imagen de personas en la calle (biandantes y conductores), como matrículas

Actualmente, podemos entender a raiz de los informes de la AEPD que las matrículas  se consideran dato personal.

Al considerarse una actividad de tratamiento de datos personales, ha de contar, necesariamente, con un fin que la convierta en lícita. La principal legitimación es el consentimiento de los afectados (art. 6.1.a del RGPD) pero, como resulta obvio, en este caso no es posible solicitar el consentimiento de todas y cada una de las personas que se podrían ver afectadas por las grabaciones de la cámara on board que hemos decidido instalar.

Sin embargo, aún careciendo de consentimiento, el tratamiento es perfectamente amparable en otra causa de legitimación: la existencia de un interés legítimo perseguido por la empresa con esas imágenes (ART 6.1.f) RGPD) que pueda prevalecer por encima de los derechos o intereses de los afectados.

¿Cuál es el interés legítimo aplicable?

En este caso, el interés legítimo será, como se indicaba al inicio, esclarecer sobre quién recae la responsabilidad de un incidente. Dicho de otra forma, el fin es lograr la tutela judicial efectiva (art 24 de la Constitución) en la medida en que las imágenes grabadas se tomarán con el fin de servir como prueba en un posterior procedimiento judicial, con la finalidad de determinar las responsabilidades asociadas a la producción de un incidente (un accidente o una infracción de las normas de tráfico).

Dicho interés legítimo ha quedado expresamente aceptado por la AEPD en diversos informes, entre los que destaca una sucesión de informes del año 2015, del que podemos reseñar el informe 456/2015; y, más recientemente, el informe de adaptación de los sistemas on board en vehículos al RGPD. 

Ningún otro uso de dichas imágenes quedará, en principio, amparado. En dichos informes se descarta expresamente el control laboral.

¿Qué requisitos deben cumplirse para que éste “interés legítimo” no supere los derechos de los afectados? 

Lo fundamental es que el sistema de captación presente garantías acordes a los principios de la protección de datos (art 5 del RGPD):

La captación de imágenes debe ser sea proporcional

Con el fin perseguido (establecer la responsabilidad del siniestro). Es decir, la cámara debe captar únicamente el ángulo estrictamente necesario para determinar quién ha ocasionado el siniestro, esto es, el frontal del vehículo. Quedarán carentes de legitimación, por desproporcionadas con el fin que persiguen, las imágenes panorámicas de toda la vía pública o del entorno inmediato del vehículo más allá del mínimo necesario. Esto responde, además, con el objetivo de cumplir con el principio de minimización de datos, que impone la obligación de tratar los mínimos datos necesarios para cumplir con el fin que legitima el tratamiento.

La grabación no puede ser continua

Esto es algo reservado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A este respecto, el sistema de grabación se considerará lícito si se activa únicamente en caso de siniestro o situaciones de peligro, admitiéndose en los diversos Informes de la AEPD que el sistema será perfectamente válido si permite la recuperación de breves periodos de tiempo anteriores y posteriores (20 segundos) al incidente. Esto quiere decir que el sistema realmente está constantemente grabando imágenes y sobrescribiéndolas, y SOLO conservará y permitirá acceder a aquellas relacionadas con el siniestro, las inmediatamente anteriores, y las inmediatamente posteriores. De igual manera, el sistema debe quedar apagado cuando el vehículo no esté en uso. 

Se informará sobre la grabación en el exterior del vehículo

Aunque no se indica una fórmula específica para ello. Lo lógico sería continuar la línea de los carteles de videovigilancia para instalaciones, consistente en un pictograma o dibujo de fácil comprensión sobre la finalidad del tratamiento y el responsable ante el que pueden ejercitarse los derechos ARCOLP. Con esto cumplimos el principio de transparencia en el tratamiento.

Las imágenes serán conservadas el tiempo necesario.

De acuerdo con los plazos de prescripción de las acciones legales frente a la producción de los daños (UN AÑO). Este criterio que cumple, con gran rigor, el principio de proporcionalidad respecto de la finalidad declarada de posibilitar la obtención de pruebas en el ejercicio del derecho a la tutela judicial. Ello no obsta a la conservación por un plazo superior de aquellas imágenes directamente vinculadas a una investigación policial o un procedimiento ya iniciados. Todo esto con el objeto de cumplir con el principio de conservación de los datos, que impone el deber de consevarlos por el plazo mínimo exigible para su fin.

Captación de imágenes hacia el interior del vehículo

Debemos entender que, en este supuesto, el fin legitimador seguiría siendo la atribución de responsabilidades, y, por ello, cumpliremos con los mismos requisitos que enumerados anteriormente para la grabación del exterior (proporcionalidad, datos minimos, transparencia y conservación de los datos), de tal manera que solo se graba durante los segundos del incidente, y no la actividad general del trabajador.

Habrá que valorar, en este caso, si este tratamiento de datos es necesario teniendo ya la cámara externa, que ya nos permite arrojar bastante luz sobre lo ocurrido;

¿Es recomendable adquirir las cámaras más avanzadas del mercado, que cuenta con reconocimiento facial?

Dependerá de si se cuenta o no con el consentimiento de los afectados. Los sistemas de reconocimiento facial, presentes en algunas de las dashcams más avanzadas del mercado, son un tipo de identificación biométrica (datos personales especialmente protegidos) que utilizan los rasgos fisiológicos más característicos para verificar la identidad del afectado, mediante puntos estratégicos en la forma y estructura únicas de sus rostros.

Para realizar un tratamiento de datos especialmente protegidos con el fin legitimador indicado (atribuir responsabilidades en aras del art. 24 CE), contarímos con dos opciones:

  • Los afectados por el tratamiento prestan su consentimiento (Art. 9.2.a del RGPD), dado que es la regla general para el tratamiento de datos especialmente protegidos.
  • El Art 9.2.f del RGPD, que permite el tratamiento de los datos para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial.

Si bien parece que la segunda opción es clara y, en apariencia, aplicable a nuestro supuesto, queda en duda si realmente sería lícito implantarla, dado lo desproporcionado del tratamiento. ¿Realmente es necesario identificar inequívocamente mediante IA al afectado?¿No se le puede reconocer simplemente en la imagen sin el uso de la IA? Recordemos que el principio de minimización de datos nos impone recabar los datos estrictamente necesarios para el fin perseguido.

¿Cabe utilizar la cámara interna para funciones de control laboral?

El fin legitimador de atribución de responsabilidades en caso de accidentes excluiría, como hemos mencionado anteriormente, el control laboral del trabajador en su puesto de trabajo. Para tal afirmación, tenemos que tener en cuenta que en los informes de la AEPD se reitera siempre la misma idea: “La finalidad del tratamiento resulta legítima teniendo en cuenta su vinculación con el derecho a la tutela judicial, quedando excluido el uso de las imágenes para otros fines como el control laboral, así como la grabación del sonido en el interior del vehículo que quedará desactivado en su comercialización en España”.

Escrito por Gonzalo Bolado Contreras

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