Error en el precio de venta. ¿Debe el comercio cumplir el contrato?

En ocasiones, los comercios cometen graves errores al expresar el precio de los productos

No son pocas las ocasiones en las que los comerciantes comenten errores al fijar el precio de los productos que tienen a la venta. De hecho, son cada vez mas habituales desde que impera un medio de compra en absoluto exento de fallos -humanos o tecnológicos- y donde un pequeño error puede pagarse caro. Hablamos, claro está, del comercio electrónico.

El auge de las compras online ha propiciado igualmente el surgimiento de plataformas donde los usuarios pueden informar de productos en oferta a lo largo de todo el mundo. Sitios Web como Chollometro, aplicaciones, e incluso grupos de Whatsapp o Telegram, hacen las delicias de aquellos que, conscientes de las constantes variaciones de precio que puede experimentar un producto en un mercado hiperconectado y accesible, esperan ansiosos que el producto que pretenden comprar baje notablemente de precio en algún rincón, bien sea en Amazon, bien sea en la modesta web de una tienda de barrio.

En esta tesitura, un error del comerciante a la hora de publicar o modificar el precio de un artículo en su web o portal de venta puede acarrear una inmediata avalancha de compradores muy dispuestos a aprovechar tan generosa oferta. Comas «,» que hacen que un móvil de 800,00€ pase a costar 80,00€ o errores informáticos que llevan a vender PlayStation’s 4 a 1 céntimo son el caldo de cultivo de conflictos entre comerciantes y usuarios.

Y en estos casos, ¿quién tiene la razón?

Está claro que desde que concurren la oferta del comerciante con la aceptación del precio por parte del consumidor tenemos un contrato perfeccionado, tal y como nos indican el art. 1262 del Código Civil y, más específicamente en comercio online, el art, 23 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI). Es más, al tratarse de una compra a través de internet, y por lo tanto a distancia, entraría en juego el artículo 109 de la Ley de Consumidores y Usuarios, debiendo el comerciante ejecutar el pedido sin ninguna demora indebida, y, a más tardar, en el plazo de 30 días naturales.

Parece hasta el momento que el consumidor tiene todo de su parte y que el empresario deberá apresurarse a cumplir con lo pactado, existiendo incluso la creencia popular, sin genero de dudas como suele ser habitual, de que el establecimiento «tiene que cobrar lo que pone en la etiqueta» y que «es el negocio el que tiene que acarrear con las consecuencias del error». Nada mas lejos de la realidad, ya que el comercio tiene a su disposición varias opciones para hacer frente a estas situaciones.

La falta de existencias, una poderosa aliada

En efecto, una vía rápida para evitar cumplir con compras a un precio erróneo es alegar que hay una falta de disponibilidad del producto en cuestión, informando al comprador de la falta de existencias y procediendo a devolverle el dinero. Esta es la opción que nos brinda el art. 110 de la Ley de Consumidores y Usuarios, pero con una importante advertencia: la devolución del importe pagado por el consumidor debe ser rápida, sin ningún retraso injustificado. De lo contrario, el cliente podrá reclamar que se le pague el doble de la cantidad que se le adeude, además del importe de los daños y perjuicios causados que no queden cubiertos por esa nueva cantidad.

Esta solución tiene sentido para aquellos supuestos en los que el envío del producto no se haya realizado y el consumidor acepte sin mas objeciones la devolución del precio pagado. Pero, ¿que alternativa nos queda si ya se ha procedido al envío, o si el cliente reclama la entrega del producto?

La clave esta en el error

Esta claro que la cuestión de todo el asunto es que el conflicto surge a partir de un error, una equivocación del comerciante. Tal situación, claro está, debe tener una solución jurídica que impida tener que cumplir con una obligación que se aleja de la voluntad real del vendedor. Como no podía ser de otra manera, la solución existe.

En aquellos supuestos donde la diferencia entre el precio habitual del bien y el ofertado sean totalmente desproporcionados, el error debería tener una consecuencia clara: el consentimiento del comerciante a la hora de contratar puede entenderse viciado, ya que con la celebración del contrato lo que se pretende obtener es un beneficio, no vender con enormes pérdidas o, directamente, «regalar» el bien en los casos más extremos. Es más, al margen de la equivocación del vendedor, lo que quedará claro en estas situaciones es un abuso de derecho por parte del comprador, quien podemos entender que es consciente de estar aprovechándose de un fallo del que el vendedor no es consciente. En estas situaciones el contrato debería entenderse nulo, es decir, no ha existido.

Ahora bien, ¿qué ocurre en los supuestos en los que la diferencia de precio no es tan clara?. Si no puede apreciarse que el error es categórico, y el consumidor puede entender verdaderamente que está ante un gran chollo, la posición del vendedor es realmente complicada y, a falta de acudir a la vía judicial, será su buen entendimiento con el cliente lo que pueda solucionar el asunto de una manera satisfactoria para ambas partes.

Escrito por Gonzalo Bolado Contreras

 

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